Posiciona a Andalucía como guía de un nuevo modelo turístico, potenciando las zonas rurales, la identidad y la cogobernanza
La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial en Sevilla, ha presentado, a las distintas asociaciones que conforman el sector del turismo en la provincia, la nueva Ley de Turismo Sostenible de Andalucía cuyo trámite fue iniciado el pasado 18 de febrero por el Gobierno andaluz. La norma modernizará el sector garantizando una sostenibilidad ambiental, económica y social, a fin de reforzar el posicionamiento de Andalucía como destino de referencia.
Durante su reunión con la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET); la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, Sevilla City Center, la Asociación de Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise), la Asociación de Hoteles de Sevilla, la Asociación Plataforma De Empresas De Turismo Activo de la Provincia de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Congress and Convention Bureau Sevilla, la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha subrayado que la nueva Ley asegurará la competitividad del turismo andaluz mediante una planificación estratégica adaptada a cada destino, la mejor regulación de las viviendas turísticas y la promoción de la innovación y digitalización.
La delegada de Turismo en Sevilla ha indicado que, con la sostenibilidad 360º por bandera, el Anteproyecto de la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía representa el firme compromiso del Gobierno andaluz con el presente y el futuro del principal motor económico de la región. “El turismo será sostenible o no será”, ha destacado Carmen Ortiz, quién ha explicado que esta norma busca “consolidar el prestigio de nuestro destino y garantizar su desarrollo sostenible en todos sus ámbitos”.
De esta forma, la responsable de Turismo en la provincia de Sevilla, tras destacar que la Ley fomentará la colaboración entre administraciones y empresas asegurando un modelo turístico de calidad que respete la identidad de Andalucía y genere empleo estable, ha acentuado que, gracias al planteamiento de la Junta de Andalucía, la comunidad se posiciona como guía de un nuevo modelo turístico que respeta la identidad, protege el legado y generar oportunidades sostenibles, mientras consolida al turismo como el sector clave para la economía y la creación de empleo en nuestra tierra.
La sostenibilidad medioambiental, económica y social es el eje central de este modelo, asegurando un turismo responsable y referente dentro y fuera del territorio. Así, para alcanzar los objetivos fijados, se impulsa la promoción de la Marca Andalucía y el Compromiso Ético del Turismo Andaluz.
Impulso a la colaboración entre administraciones y el sector
Entre las principales novedades de la Ley destaca el impulso a la colaboración entre administraciones y el sector, involucrando a todos los agentes del ecosistema turístico para dar respuesta a los retos del turismo.
Para ello, se introducen fórmulas de cogobernanza y la creación del Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local. Además, se plasma como concepto la política turística basada en la puesta en valor del territorio como activo turístico y del paisaje como recurso diferenciador.
De esta forma, el fortalecimiento de la oferta turística en Andalucía se centra en la cualificación y diversificación del sector, promoviendo una distribución más equilibrada de los flujos turísticos para gestionar la estacionalidad y favorecer la cohesión territorial. No obstante, la estrategia reconoce el papel de las grandes ciudades en el desarrollo del sector, las integra como destinos turísticos e impulsa la creación de instrumentos de planificación específicos para gestionar la concentración en zonas de mayor afluencia.
Un aspecto destacado de la nueva norma es el turismo en el medio rural, que se refuerza a través de la creación de Planes Turísticos de Zonas Rurales, garantizando un modelo sostenible que dinamice la economía local y potencie el atractivo de todo el territorio andaluz.
Una ley municipalista
Así, se permitirá una graduación y categorización más precisa en función de la actividad turística de cada municipio que tendrán como requisito su pertenencia a la Red de Turismo Sostenible e Inteligente de Andalucía para garantizar la integración de criterios de innovación y sostenibilidad.
Además, se podrán definir distintos niveles de municipios en base a parámetros específicos de medición del turismo, asegurando una gestión más adaptada a la realidad de cada territorio y fomentando un desarrollo turístico equilibrado y sostenible. Como norma, destaca los principios de hospitalidad y convivencia entre las personas usuarias de servicio turísticos y de las empresas turísticas.
El gran objetivo es la reordenación turística, introduciendo el concepto de actividades con repercusión turística en sustitución del término de actividades con incidencia turística, presente en la actual legislación vigente desde 2012.
Igualmente, se refuerza el compromiso con la sostenibilidad mediante la incorporación de un epílogo dedicado al turismo ecológico o ecoturismo y el transporte turístico pasa a ser reconocido como un servicio turístico.
Destaca en la nueva norma, la introducción de una regulación detallada para combatir la actividad clandestina y la oferta ilegal, garantizando un marco normativo más preciso y eficaz para la gestión del turismo.
La nueva regulación establece criterios claros para reguilar los servicios de alojamiento turístico e incorpora la posibilidad de dispensas y exoneraciones en los requisitos establecidos por los reglamentos. De esta forma, introduce una nueva clasificación de tipologías, incluyendo los servicios turístico-residenciales y mejorando el principio de unidad de explotación, diferenciando entre propiedad y posesión.
Entre las principales modificaciones, se suprime la categoría de hotel-apartamento y la mención expresa a conjuntos en los apartamentos turísticos y las Viviendas de Uso Turístico (VUT) se incluyen como servicio de alojamiento turístico.
Además, se plasma el concepto de alojamientos de acampada incorporando las áreas de pernocta y se establece una visión global de los alojamientos en el medio rural. Se crea una nueva tipología de alojamientos singulares, regulando su régimen de aprovechamiento por turno, adaptando así el marco normativo a la evolución y diversificación del sector.
El anteproyecto contempla el Portal Turístico de Andalucía, así como la modificación del concepto de la Oficina del Turismo que ahora pasa a ser considerado como un espacio físico o virtual e incluye la condición de propinas como carácter retribuido.
Por primera vez, se plasma el fomento de la competitividad turística y se desarrolla con principios y acciones de promoción, calidad e innovación turística y se suprime la obligatoriedad del plan específico de vigencia plurianual, abriendo la opción de impulsar estrategias de promoción turística.
En materia de innovación turística, se incorporan objetivos específicos, consolidando el Sistema de Inteligencia Turística de Andalucía como una herramienta clave para la planificación y gestión del sector, así se refuerza la transferencia de conocimiento, impulsando la colaboración entre administraciones y empresas que conforman el ecosistema turístico.
De esta forma, se define el concepto de ‘Destinos Turísticos Inteligentes’, promoviendo un modelo basado en la sostenibilidad, la accesibilidad y la digitalización y se establecen acciones concretas de I+D+I en materia de turismo, fomentando la aplicación de tecnología e innovación para mejorar la competitividad y la experiencia del visitante.
Por otro lado, se determinan las infracciones continuadas y se introducen nuevas infracciones graves. La nueva normativa actualiza las cuantías de las sanciones, estableciendo un importe específico para las infracciones por clandestinidad, que conlleva además la prohibición de formalizar una declaración responsable para la misma actividad durante un año.
Además, modifica el régimen de prescripción de las infracciones y especifica las competencias sancionadoras, asignando funciones específicas tanto al consejero competente en materia de turismo como a la Dirección General responsable de la ordenación turística, garantizando una aplicación más eficaz y rigurosa de la normativa.
